Bravo, Pablo

No he podido evitar estos días oír hablar desde el Gobierno, bien a través de su Presidente o por el titular de cartera competente, de cómo "… modernizar los servicios de justicia y eliminar el colapso a través de la informática".

Y lo cierto es que estas afirmaciones no dejan de tener su ironía, cierto de grado de ingenuidad, de ignorancia, e incluso algo de perversidad, permítanme que les diga. Tiene gracia porque ahora que estalla un problema de colapso en la gestión y tramitación, y las salpicaduras llegan hasta los medios de comunicación, para darle solución se implantará un moderno sistema informático del que no se preocupen, oirán hablar cuando se pregone a bombo y platillo desde Justicia como la panacea que dará fin al mal endémico de los juzgados y tribunales españoles. Pero, una vez que las aguas vuelvan a su cauce, aquellos que tengan algún pleito o causa podrán comprobar en sus propias carnes -no se lo deseo, créanme- como este sistema no será tampoco la solución, porque el problema del atasco de la Justicia en pleno siglo XXI, en la era del conocimiento y la tecnología, debe irremediablemente destapar otro de los asuntospendientes de éste y los gobiernos anteriores: La regulación del ejercicio profesional de la ingeniería informática. Tiene ironía porque ahora la informática será la solución de todos los males de la justicia (que puede serlo, ciertamente), pero cabe ser escépticos ante esa afirmación cuando este mismo gobierno, aunque desde otra cartera diferente, como es Industria, Turismo y Comercio, a través de su Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se niega a conceder audiencia a los Ingenieros en Informática a través de sus Colegios Profesionales autonómicos, y mucho menos a darles siquiera voz y opinión, como autoridades técnicas que son, en todos los asuntos y decisiones que se toman desde el Gobierno Central relacionados con las Tecnologías Informáticas y de la Comunicación (TIC). El nuevo sistema informático no solucionará el problema de la Justicia española porque en este país cualquier persona con un mínimo de conocimientos sobre informátic a ya es tildada de experta, y si tiene don de gentes y suficiente mano izquierda, no se preocupen que tarde o temprano tendrá la posibilidad de decidir sobre la informática de verdad, la que s e enseña en las Universidades, la que la gente de a pie desconoce y que sin embargo afecta a todos los ciudadanos. Y todos tan tranquilos. Ese sistema seguro que está desarrollado por personas muy capaces y cualificadas, pero que no asumen, porque la ley así lo establece, responsabilidad profesional alguna si el programa no hace lo que debe, como ocurriría en una obra civil o en la construcción de un edi ficio, o como ocurre en los hospitales con los médicos si cometen algún tipo de negligencia. Si el máximo responsable de este sistema informático es una persona sin el título de Ingeniería en Informática, el único que acredita de forma oficial que ha recibido formación suficiente para saber, al menos, lo que se trae entre manos no se preocupen, porque podrá seguir exhibiéndose impunemente en reuniones con otros clientes haciendo creer que si cuenta con esos conocimientos. Si, por el contrario, lo tiene, tampoco se preocupen, porque desgraciadamente habrá aparcado su ética profesional para convertirse en un gerente de cuentas de una gran firma consultora tecnológica sin más obligación personal, profesional y moral, que la de conseguir un balance positivo en su cuenta de resultados, sin que norma alguna le deje bien claro que a quien se debe, y la verdadera perjudicada en esta situación, es la sociedad española. Me ha costado cierto esfuerzo tratar de modular mi exposición sin que la indignación que siento, como profesional y como representante de esos profesionales menospreciados por la Administración, altere el contenido de estas líneas y con ello transmita un mensaje que ciertamente no sería propio de una persona con responsabilidad. Pero es que comienza a ser cansino e insultante observar cómo se trafica impunemente con la palabra Informática, ésa que inunda todos los servicios públicos y administra ciones, que controla nuestras cuentas corrientes y nuestros expedientes clínicos, que en buenas manos es un signo de progreso y que ciertamente contribuye al desarrollo de las sociedades, pero que cuando no funciona como debiera (por negligencia, ignorancia o simplemente irresponsabilidad) se ataja con un simple «ha sido un fallo informático», sabedoras las personas que lo afirman sin rubor alguno que la solución está en sus manos, y que la Ingeniería Informática, a diferencia del resto de Ingenierías, sigue sin ser una profesión regulada. Por el bien de este país, y por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas que desconocen el verdadero alcance del problema, confío sincera y humildemente que en esta ocasión esté equivocado, aunque mucho me temo que, para mi pesar y para el de todos los profesionales titulados por los que me veo en la obligación de alzar la voz, esta vez volverá a ser así, sin que la clase política haga realmente algo para solucionarlo. --- Pablo Pérez es vicedecano segundo del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias.

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