Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática
Actualmente, la Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática ya son de por sí profesiones reguladas, ya que existen diferentes colegios profesionales en otras tantas comunidades autonómas. Otra cosa muy distinta es que, como tales, puedan desarrollar actividades en exclusiva en algunas materias, o lo que es lo mismo, atribuciones. Pero lo que sí es cierto es que el ejercicio de los profesionales de la Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática, a través de códigos de conducta, regulaciones internas, estatutos, etc. está regulado por la existencia de los colegios.
Ahora bien, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, exige que Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se precisan en el artículo noveno. Y fijaos bien en el detalle, no sugiere o recomienda su creación, la ordena.
En Abril de 2005 los Decanos de los Colegios Profesionales creados hasta esa fecha tramitaron la solicitud de creación del Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática ante el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)
En Septiembre de 2005 el MAP se declaró incompetente en la materia, y remitió el expediente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) para que lo tramitase. Ese mismo mes, el MITYC también se declaró incompetente y devolvió el mismo expediente al MAP, o lo que es lo mismo, una nueva vuelta a empezar.
Desde esa fecha los diferentes representantes no han obtenido respuesta de ningún gabinete ministerial, y parece como si el expediente se hubiera perdido en el limbo de los justos, sin que ningún ministerio quiera coger la patata caliente y hacerse cargo de la creación del consejo.
Es evidentemente que existe una vía legal para reclamar la creación del consejo, pero esta supondría todo un calvario de procesos judiciales para contar con el mismo 5 o 6 años más tarde, cuando quizá sea demasiado tarde. Lo que si está claro es que existen intereses políticos más allá de cualquier otra circunstancia para no querer cumplir un mandato legal, y eso hay que reivindicarlo tal cual.
Quizás sea el momento de solicitar la creación del Consejo al Ministerio de Causas Perdidas, o al Ministerio de Croissants Calentitos, para ver si de una vez los responsables políticos empiezan a asumir que están en su cargo para ser los máximos representantes de la soberanía popular, y que como tales han de cumplir y hacer cumplir la ley, en toda su extensión, y aunque vaya incluso en contra de sus intereses.



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